Rematan la mansión de un exintendente K bajo la ley de extinción de dominio

Después de años de apelaciones y dilaciones, la justicia finalmente rematará los bienes del exintendente kirchnerista Luis Lobos, condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito y fraude, aplicando la ley de extinción de dominio. 

A través de una resolución del Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil, se dispuso que el 21 de diciembre se realice la subasta pública de la mansión ubicada en calle Tirasso 4357, en el distrito El Sauce, de la comuna de Guaymallén, la más poblada de Mendoza. La propiedad fue valuada con un monto inicial de más de $127 millones y sus fondos serán destinados a la construcción y reparación de escuelas públicas.

De acuerdo con fuentes oficiales, la subasta se llevará a cabo en la Oficina de Subastas Judiciales de Mendoza. La mansión tiene más de 1600 metros cuadrados y pertenecía al exintendente justicialista, quien fue declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta.

La ley de extinción de dominio, implementada en 2019 (normativa 9151), busca combatir la corrupción, destinando los fondos obtenidos de la venta de bienes a obras públicas, como la construcción y reparación de escuelas.  

“Antes de esta ley, los corruptos seguían disfrutando de los bienes mal habidos porque el proceso penal con sus apelaciones podían durar años. Ahora, con la imputación de un delito de los llamados de corrupción, se le inicia un juicio civil en el cual deberá probar el origen lícito de los fondos con los que adquirió esos bienes. Si no puede hacerlo, se los quitan y el producido vuelve a la sociedad”, indicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino.

Asimismo, D’Agostino indicó que se llegó a esta instancia “luego de un proceso civil con todas las garantías para el demandado Lobos, tras el cual fue declarada la extinción de dominio sobre sus bienes en primera instancia, y después, confirmada por la Cámara Civil y luego por la Corte, organismo que declaró la constitucionalidad de la ley”.

A pesar de las demoras durante todo el proceso, atribuidas a la defensa de Lobos y a atrasos en la Suprema Corte de Justicia local, la sentencia penal contra el exintendente quedó firme, permitiendo avanzar con la subasta. “Respecto de Lobos la sentencia penal está firme porque desistió del recurso extraordinario. Lamentablemente la Suprema Corte se hizo la distraída, porque tendría que haberlo resuelto en mayo del año pasado. De hecho, en el caso de su ex esposa todavía no resuelve. Es una barbaridad”, reveló una alta fuente judicial en diálogo con LA NACION.

El remate público no incluirá bienes muebles de la propiedad, como portones y bombas de agua, que serán entregados a la Dirección General de Escuelas para su distribución entre establecimientos educativos necesitados.

“La Ley de Extinción de Dominio exige solamente que haya imputación de algún delito de corrupción para poder interponer la acción civil pero además en este caso concreto Lobos ha sido condenado a 8 años por un juicio abreviado en donde aceptó su culpabilidad penal y en ese acuerdo desistió de la apelación que había hecho en el juicio de extinción de dominio”, explicó D’Agostino.

Y concluyó: “El caso que ahora está en la Corte es el de su ex esposa, quien hizo juicio abreviado. Por ello no se puede subastar un departamento que estaba a nombre de ella hasta que se expida la Suprema Corte de Justicia”.

Las ofertas para el remate deberán presentarse en la página web del Poder Judicial antes del 18 de diciembre, con un 10% del monto total. Las tres mejores propuestas competirán, con la condición de realizar incrementos de base de 100,000 pesos.