Diana Mondino confirmó que la Argentina firmará el ingreso a la OCDE

Diana Mondino, designada por Javier Milei como su canciller, adelantó en un evento que se realizó apenas unos minutos después de que el flamante Presidente diera su primer discurso en las escalinatas del Congreso de la Nación, que la Argentina firmará este lunes el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE es un organismo internacional fundado en 1961 con sede en París, cuya misión es proveer un foro donde distintos gobiernos comparten sus experiencias en el desarrollo de políticas económicas, sociales y medioambientales, para mejorar el nivel de vida de sus poblaciones.

Desde que se creó, la OCDE incorporó a 18 naciones a su entramado y hasta ahora solo cuatro son de América Latina (México, Chile, Colombia y Costa Rica). En 2022, la invitación para ser miembro que se le hizo a la Argentina también fue cursada a Brasil, Croacia, Perú, Rumania y Bulgaria.

Macri había pedido la incorporación de la Argentina a la OCDE en marzo de 2016, pero esa intención no continuó durante el mandato de Alberto Fernández, pese a que la invitación para adherirse al organismo se formalizó a fines de enero de 2022.

Marcelo Scaglione, representante argentino ante la OCDE durante el gobierno de Macri, fue el encargado de reiniciar la agenda de la Argentina para ingresar al bloque en el que están las principales potencias globales y varios países en desarrollo.

El enviado argentino había anticipado la postura de Milei de continuar con el proceso de ingreso al bloque en reuniones con el jefe de América Latina y el Caribe de la Dirección de Relaciones Globales, José Antonio Ardavín, y con Andreas Schaal, director de Relaciones y Cooperación de la entidad y sherpa en el G7 y G20. “¡La ODCE está de vuelta! Gracias, secretario general @MathiasCormann”, celebró Scaglione en sus redes sociales.

Si bien la firma se realizará este lunes -según los dichos de Mondino-, el proceso para integrar la OCDE puede durar varios años: incluye una evaluación por más de 20 comités técnicos sobre una serie de estándares, sobre todo económicos, y la posibilidad de “cambios en la legislación, políticas y prácticas”.