Auditoría en el Estado: detectan ingresos irregulares de hasta 3000 empleados en algunos ministerios

En su primera semana de gestión, el plan de reducción del personal estatal impulsado por el Gobierno de Javier Milei, inició su primera etapa: ahora el objetivo será desvincular a todo empleado que no sea esencial o cumpla una actividad relevante para la función del Estado Nacional.

En el Gobierno creen que las auditorías sobre la planta de empleados de cada uno de los ministerios, secretarias y dependencias de la Administración Pública Nacional podrían estar listas para la última semana de diciembre.

Así, en el Gobierno adelantan que todos los contratos de planta permanente que venzan el próximo 31 de diciembre no serán renovados (en su gran mayoría) y que con la obligatoriedad de la presencialidad en los puestos de trabajos se reducirá, de aquí a marzo, un 10% la planta del Estado.

“Muchos que cobran un sueldo tienen otros trabajos y no vienen, con esta vamos a conseguir una reducción inicial”, anticipó una fuente cercana.

Actualmente, la Administración Pública Nacional tiene unos casi 400 mil empleados, por lo que se espera reducir en 30 mil esta planta con la medida de presencialidad y otra importante reducción se producirá a partir de la no renovación de contrato.

A modo de ejemplo, un funcionario de LLA detalló que detectaron en uno de los ministerios el ingreso de 3000 nuevos empleados. La cifra de empleados “irregulares” podría ser mayor a la esperada, sostienen en el espacio libertario.

Las auditorías serán llevadas a cabo por cada uno de los ministerios y secretarías, que luego entregarán un documento final a la jefatura de Gabinete. Sturzenegger, expresidente del Banco Central durante el macrismo, coordinará estas acciones desde un organismo descentralizado que podría depender de la presidencia. La cuestión todavía no está definida.

Una vez que las autoridades de Gobierno conozcan el cuadro de situación, llegará una siguiente etapa que consiste en ofrecer retiros voluntarios, las intimidaciones a quienes estén en situación irregular y la posible judicialización de numerosos casos.