El Gobierno aceptará cambios en la duración de la emergencia que establece la Ley Ómnibus

Este martes, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzó la discusión sobre la Ley Ómnibus. A lo largo del debate, como era de esperarse, el kirchnerismo expresó sus críticas y reproches, especialmente por la ausencia de los principales funcionarios del Gobierno, como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

A la sesión plenaria con los diputados asistieron el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, el secretario de Energía y experto en reforma del Estado, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 

Luego de realizar una breve presentación, los tres funcionarios recibieron preguntas de diputados, tanto del kirchnerismo como de otros sectores aliados, como el PRO y la UCR. Lo saliente fue, de todos, las constantes críticas, quejas y chicanas lanzadas por dirigentes de Unión por la Patria, que rechazaron en la forma y el fondo a la iniciativa.

Durante la sesión, en medio de la expectativa sobre potenciales cambios para conseguir adhesiones, el Gobierno anunció que evaluará la posibilidad de reducir el plazo de dos años a uno para las emergencias públicas solicitadas; así como también las facultades delegadas al Ejecutivo.

Al hablar sobre la duración de las emergencias, Rodríguez Chirillo señaló: “Es un aspecto que estamos considerando incluirlo en la versión final”. Además, destacó que la ley de 2019, impulsada por el Gobierno kirchnerista, no declaraba 11 emergencias públicas, sino nueve, y que la diferencia no es tan sustancial.

Chirillo también explicó que las medidas solicitadas “establecen objetos y principios siguiendo la técnica legislativa, con objetivos y principios” que respetan la Constitución, así como las bases de las delegaciones de facultades del Congreso al Ejecutivo. En ese sentido, manifestó: “Una vez que se empezó a conocer el proyecto sugerían que fueran por un año, más otro de prórroga. Es un aspecto que estamos considerando incluirlo en la versión final”.

Otro de los expositores fue el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, trascendental para entender los andamiajes legales que procura asentar la Casa Rosada. En esa línea, el funcionario abordó la importancia de modificar la ley de procedimientos administrativos, destacando que fue dictada en 1972 y que la situación del país ha cambiado desde entonces.

“La ley de procedimientos es de 1972 y ha pasado mucha agua bajo el puente. La situación del país es otra. Fue dictada por el Gobierno militar y hoy podemos entender mejor la relación entre Estado y sociedad”, enunció. Además, recordó a Juan Bautista Alberdi sobre “situaciones de crisis” que “exigen decisiones de crisis”, y en cuanto a que “muchas de las facultades especiales pueden ser el único medio de llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución”.

En otro tramo de su disertación, el procurador del Tesoro aseveró que “la situación económica nos colocó con una deuda terrible, impresionante, y una deuda interna muy grande”. Y agregó: “El Estado es deudor de todos sus contratistas. Esto es algo que hay que intervenir y empezar a solucionarlo”.

El último funcionario que se presentó fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien explicó los detalles de las propuestas que están incluidas en la “ley ómnibus” y defendió tanto las reformas en materia de procesos judiciales, y en áreas como la Inspección General de Justicia, la Oficina Anticorrupción, la disolución del INADI y aspectos más nimios como la obligación de los jueces de portar “toga y martillo”.

Desde la oposición, dirigentes kirchneristas como Germán Martínez y su colega y sindicalista bancario, Sergio Palazzo expresaron su rechazo a la iniciativa. A ellos también se sumó Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal). Por otro lado, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica le pidió al Gobierno que defina una “una hoja de ruta” junto a los “temas a resolver en la urgencia que hoy atraviesa la Argentina” y que, para el resto, no vaya “a las patadas con la no celeridad que puede tener el Parlamento”.

El debate continuará en los próximos días con la participación de otros funcionarios. Según adelantó José Rinaldi, vicejefe de Gabinete del Poder Ejecutivo –quien aparece designado ad honorem como secretario Ejecutivo de Gobierno de Jefatura de Gabinete–; mañana se presentarán el ministro de Interior, Guillermo Francos; la titular de Seguridad, Patricia Bullrich; y el equipo económico, aunque no se mencionó a Luis Caputo. Mientras que el jueves lo harán representantes de educación, niñez y familia; de cultura; y el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.