Prepagas: la Justicia dictó una cautelar que dejó sin efecto los aumentos dispuestos en el DNU

La jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, dictó una medida cautelar que impacta en los aumentos de las cuotas de las prepagas anunciados a partir del DNU de Javier Milei. 

La medida responde a un reclamo de una afiliada contra un plan de medicina prepaga. En este contexto, la jueza le ordenó a la entidad dejar “sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23” y, en cambio, limitarse “a efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del artículo 17 de la ley 26.682”, al menos hasta que haya una sentencia definitiva.

La orden judicial, que tiene efectos solo para la persona que hizo el reclamo, implica que la prepaga deberá retroceder en la aplicación del aumento del 40% en la cuota de enero y abstenerse de aplicar el 29,5% anunciado para febrero. De esta manera, la entidad deberá guiarse por “los aumentos autorizados” por la autoridad de aplicación según la ley 26.682, la cual marca un incremento del 6,26% para el mes de enero.

El fallo emitido hoy y publicado en la página del Poder Judicial de la Nación, responde a una causa iniciada por María Cristina Brauchli, de 78 años, contra la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (la razón social del Hospital Italiano).

Este mes, tal como ocurrió también con las demás prepagas, los planes de salud de esta entidad tuvieron un incremento del 40%. Además, las empresas ya anunciaron que el mes próximo aplicarán otro reajuste de entre 24% y 30%. En este sentido, la demandante del caso señaló, según consta en el fallo, que le resulta imposible afrontar los aumentos, dado el monto de sus haberes previsionales. 

Según se menciona en el escrito judicial, la afiliada “manifestó que los aumentos que se le exigen, basados en el DNU 70/23 la colocan en un completo estado de incertidumbre causándole, además, como consumidora, un daño actual a sus derechos, al acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada”. Con esos argumentos, la demanda sostiene la inconstitucionalidad del DNU del presidente Javier Milei, que derogó los artículos de la ley de prepagas que regulaban los precios en la actividad.