Ley Ómnibus: diez provincias petroleras rechazaron los cambios del capítulo sobre hidrocarburos

En el marco del debate sobre la Ley Ómnibus, la Junta de Gobierno de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) expresó su desacuerdo con ciertos aspectos del proyecto, especialmente aquellos relacionados con la producción de hidrocarburos, y propondrá nuevos cambios. 

Este descontento se manifiesta en un documento firmado por gobernadores y representantes de las provincias de Río Negro, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. A través del escrito, se ratifica “la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”.

En el documento, los gobiernos provinciales afirmaron que comparten “aquellos aspectos que buscan lograr un marco jurídico para la actividad hidrocarburífera” y le solicitaron al gobierno nacional que “propicie un ámbito deliberativo, real y oportuno, para analizar en profundidad las adecuaciones propuestas que modifican de manera sustancial el régimen actual”.

El principal punto de conflicto radica en el artículo 298 de la Ley Ómnibus, el cual otorga al Poder Ejecutivo la facultad de conceder la explotación de los recursos del suelo, contraviniendo los derechos provinciales consagrados en la Constitución Nacional en su artículo N° 24: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. 

En ese sentido, la Junta rechazó “todos aquellos artículos que impliquen o puedan interpretarse como un menoscabo o limitación a las facultades de administración de las provincias hidrocarburíferas”, y señalaron que debe respetarse “el dominio originario sobre nuestros recursos naturales, consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional y la ley 26.197”.

Asimismo, afirmaron que la norma debe contemplar “no solo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad”. 

De esta manera, los mandatarios provinciales remarcaron que los proyectos de explotación en materia de hidrocarburos deben contemplar “el objetivo de maximizar el beneficio tanto de las jurisdicciones que detentamos el dominio originario de los recursos naturales como de los inversores que buscan generar actividad, empleo y producción en el sector”.

El comunicado también detalla otras divergencias con el proyecto, incluyendo temas como la derogación del artículo 32 de la ley 17.319 (Ley de Hidrocarburos), que “constituye una herramienta fundamental de las autoridades de aplicación de las provincias”. Los gobernadores marcaron diferencias en lo vinculado con las regulaciones ambientales de las explotaciones de hidrocarburos, el régimen de incentivo para grandes inversiones y reivindican el rol de empresas estatales provinciales de hidrocarburos. 

Asimismo, reiteraron la posibilidad de que las provincias asuman el control de explotaciones petroleras consideradas “no estratégicas”, y explicaron que en “aquellas áreas maduras de explotación convencional que no sean de interés estratégico” se deberán “arbitrar los procesos de cesión y/o reversión de las mismas hacia las provincias”.

No obstante, señalaron que están dispuestos a “participar en los ámbitos legislativos pertinentes para realizar todos los aportes necesarios” y adelantaron que elevarán una “propuesta de texto normativo para su consideración”.