Ley Ómnibus: el Gobierno aceptó cambios en jubilaciones, YPF y retenciones para obtener apoyo en Diputados

Con el objetivo de desarticular el primer paro general en contra de Javier Milei, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo miércoles 24 de enero, el Gobierno trabaja a contrarreloj en la modificación de algunos puntos de la Ley Ómnibus, que exigen la oposición y sus aliados.

Se trata de los puntos sensibles en tema de reforma jubilatoria, retenciones, tratado de ley de pesca y la eliminación de YPF de la lista de empresas estatales a privatizar. Estos artículos ya se encuentran modificados y serán presentados en las próximas horas ante los bloques afines al oficialismo.

Es que la premura por obtener la media sanción de la Cámara baja para los primeros días de la próxima semana, tiene que ver con que Milei no quiere mostrarse como un presidente débil ante las reformas que pretende llevar adelante, además de jaquear la medida de lucha de la central obrera.

Las modificaciones serán en el Título I, denominado “Emergencia”, en donde se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años a 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo. La Eliminación de emergencia de Defensa, Social y Sanitaria.

En cuanto a la ley de Pesca, que fue de gran debate con los gobernadores patagónicos, se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina. Se aclara que el sistema de licitaciones no va a ser internacional y se sostienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local.

Asimismo, el texto que presentaron ante la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, indica que se deberá tener el aval del Congreso antes de “liquidar los activos” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, pero no da cuenta de cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria que era el reclamo del PRO.

Otro de los cambios trascendentales en la normativa impulsada por el Gobierno es la “eliminación de YPF de listado de empresas a privatizar”, mientras que el sexto es el “aumento del corte de bioetanol y biodiesel” y la “eliminación de la posibilidad de libre importación de biocombustibles”.