Cáritas Argentina le exigió al Gobierno que incluya a los movimientos sociales en el reparto de alimentos

Esta semana, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, suscribió un acuerdo con Cáritas Argentina por más de $310 millones destinados a la adquisición de alimentos, en un contexto de fuerte presión por parte de organizaciones piqueteras en demanda de mayores recursos. Sin embargo, más allá del pacto, ahora la Iglesia le pidió al Gobierno que se incluya a los movimientos sociales en el reparto de comida.

Este convenio representa el segundo pacto cerrado por Pettovello en la semana. Previamente, el lunes, había negociado un programa de apoyo con sectores evangélicos en José C. Paz, liderado por la organización Aciera, alcanzando un total de $177.500 millones.

En el caso de Cáritas, el acuerdo en lo relativo a montos es inferior, pero se trata de un segundo gesto de la ministra para evitar las negociaciones con los sectores piqueteros, que reclaman un incremento en los fondos asignados y que convocaron a una marcha hacia la sede de Capital Humano.

“Estamos muy felices de haber firmado la renovación del convenio de meriendas que desde hace mucho tiempo tenemos con el Estado nacional. Seguiremos trabajando junto a los que sufren la crisis alimentaria en el marco de la grave situación social que se vive. Renovamos el esfuerzo para que ninguna persona se quede sin cuidado ni protección”, declaró el director nacional de Cáritas Argentina, Luciano Ojea Quintana.

Sin embargo, desde la Comisión Episcopal recalcaron que “hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”.

Y agregaron: “Se ha malinterpretado dicho compromiso entendiéndolo como un acuerdo exclusivo entre la Iglesia y el Estado para ser los interlocutores únicos o principales validados en la ayuda a los sectores más vulnerables”.

“En el transcurso de los últimos años y a medida que los niveles de pobreza han crecido en la Argentina, hemos aprendido a trabajar con un gran número de movimientos, asociaciones, centros vecinales, sindicatos, etc”, sostuvieron mediante un comunicado, Calos Tissera (Quilmes), Gustavo Carrara (CABA) y Roberto Álvarez (Rawson).

Asimismo, los obispos hicieron hincapié en la importancia de “crecer en transparencia”y en ese sentido instaron al Gobierno a realizar auditorías para “garantizar que todos los fondos adjudicados lleguen a los más pobres”.

“En un país cuya pobreza sigue creciendo y que no admite miradas sesgadas, prejuicios ideológicos y peleas sectoriales, somos testigos de que muchos hermanos viven la angustia de no saber con qué alimentarán mañana a sus hijos. No es difícil sortear las dificultades y desacuerdos presentes volviendo a poner en el centro lo que siempre ha debido seguir allí: las personas y familias que viven en la pobreza o la indigencia, especialmente los niños y los ancianos. Lo demás, está demás”, concluyeron.