El Gobierno cambió un área de Capital Humano a Salud tras detectar irregularidades

El gobierno de Javier Milei decidió, a través de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial, trasladar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Salud. 

Esta área es responsable de otorgar millonarios subsidios para la compra de medicamentos de alto costo, como los utilizados en tratamientos oncológicos o cirugías con prótesis, entre otros insumos médicos.

De acuerdo a la resolución, el cambio de cartera implica la transferencia de “los créditos presupuestarios -$37.985.218.890, según los datos del Presupuesto Abierto-, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se aprueben las estructuras correspondientes”.

La decisión se fundamenta en las competencias asignadas al Ministerio de Salud, que hacen conveniente que la DADSE pase a formar parte de esta cartera en lugar de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano.

La ministra de Salud, Sandra Pettovello, descubrió graves irregularidades en la DADSE, que por una decisión del ex presidente Alberto Fernández formaba parte del organigrama de la ex cartera de Desarrollo Social -actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre.

A través de una auditoría que ordenó, la ministra reveló irregularidades que podrían configurar delitos penales, por lo que la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano realizó una denuncia penal que recayó en el juzgado de Julián Ercolini, por los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

A pesar de no mencionar nombres propios, la denuncia señala que los supuestos delitos “abarca desde 2016, cuando se implementó un procedimiento de compra exprés por urgencia para reemplazar un sistema de compras de facto, hasta el 10 de diciembre de 2023”, fecha en que asumió el gobierno La Libertada Avanza y Pettovello decidió “auditar todas las áreas”.

Asimismo, advierte que “en 2019 y 2022, la Unidad de Auditoría Interna advirtió que el procedimiento que se estaba utilizando desde 2016 para la adquisición de drogas y otro tipo de insumos de alto costo se apartaba de las normas de compra para la administración pública nacional”. 

Según explicó un funcionario de la cartera de Capital Humano, “se seleccionaban medicamentos de alto costo con presupuestos informales y el procedimiento tampoco era tan rápido porque pasaban dos o tres semanas para que un paciente pudiera recibir el medicamento o el insumo que necesitaba”.

De la denuncia que instruye Ercolini también se desprende que, si bien la metodología “oscura e irregular” comenzó a utilizarse durante la gestión de Cambiemos, continuó en la presidencia de Fernández.

El escrito que menciona que a través de la DADSE se realizaron “negocios imperdonables” consta de 14 fojas y ya fue ratificado ante el juez Ercolini. El magistrado solicitará, a partir de esta semana, “una batería de medidas” para acreditar lo que se asegura en el escrito y precisar quiénes estuvieron al frente de esa dirección. El fiscal a cargo es Carlos Rívolo.

En la denuncia penal se infiere que los funcionarios que pasaron por la DADSE habrían realizado “negocios imperdonables a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles”. Según se describe, el mecanismo es “burdo” y escapa a las normas de “transparencia de compras del Estado”.

En uno de los párrafos, el escrito describe: “La selección de los proveedores de la DADSE a los efectos de que el Estado argentino adquiera medicamentos por miles de millones de pesos, se realiza vía e-mails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente ni se certifica su titularidad. Una vez recibidos dichos e-mails, ciertos supuestos proveedores remiten presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno y es, en virtud de tales presupuestos, que la administración correspondiente, siguiendo la disposición dictada en 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos (sin siquiera un cuadro comparativo como exige dicha norma, por ejemplo”.