El Senado cerró el armado de 10 comisiones para la semana próxima y hay puja por bicamerales sensibles

Victoria Villarruel y el oficialismo senatorial buscan dejar en el pasado el rechazo al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía y cerraron en los últimos días el armado de 19 comisiones, excepto la de Energía, e intentará realizar reuniones constitutivas exprés para 10 de ellas el jueves de la semana próxima. En el reparto aparecen varias presidencias para la oposición anti kirchnerista y el cristinismo aún no informó sobre sus representantes, mientras que entre la Cámara alta y Diputados ya se inició una puja por bicamerales sensibles.

A inicios del corriente mes, las autoridades del Senado solicitaron a todas las bancadas el envío de nombres para conformar las comisiones, en base a lo aprobado el 13 de diciembre pasado, cuando un conglomerado de 39 legisladores oficialistas y de la oposición anti K votó una distribución que relegó del esquema de poder al cristinismo, que impugna -sin presentaciones formales- dicha decisión.

Para las comisiones de 19 y 17 senadores, el oficialismo y la oposición no kirchnerista se quedaron con 11 y 10 lugares, respectivamente. En tanto, los guarismos para el Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans, fueron de ocho y siete.

Tras 15 días de negociaciones, Villarruel firmó el decreto con la conformación de 19 de las comisiones restantes en la Cámara alta -salvo la de Energía- ya que, durante el período estival, se sellaron los nombres de las que estaban involucradas en las frustradas sesiones extraordinarias que convocó el Ejecutivo.

Por caso, en la de Defensa, la presidencia será del jefe del Pro en el Senado, Luis Juez, mientras que la de Seguridad quedará en manos de la radical Carolina Losada. Éstas estarían involucradas en potenciales leyes que trabaja el Ejecutivo. En tanto, la de Trabajo y Previsión Social irá para otra cordobesa del Pro, Carmen Álvarez Rivero. La de Energía aún sigue en debate y se definirá su destino -si va para la neuquina Lucila Crexell, enojada con el oficialismo- en los próximos días.

De cara al jueves de la semana próxima, y mientras se espera el raid de reuniones constitutivas de al menos 10 de las 19 comisiones con definición de integración consumada, la Cámara alta tendrá actividad casi nula, salvo el encuentro que tendrán hoy los asesores de la bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los DNU. En algunos días hábiles aterrizará el nuevo esquema jubilatorio, otro tema venenoso que deberá pasar el filtro del Congreso.

La bicameral en cuestión es la única que trabajó desde la llegada de los libertarios al poder y estuvo dormida durante extensos meses por el cristinismo. No obstante, hay otras más que desvelan a todo el poder político. Son jugosas y delicadas. La más importante es la de seguimiento de los organismos de inteligencia. El año pasado la manejó el ex radical y actual diputado kirchnerista Leopoldo Moreau. Ahora le toca al Senado, con un oficialismo que sólo cuenta con siete legisladores y una oposición anti K que la mira con lupa. Ni hablar el Ejecutivo. La misma tiene reuniones y fondos reservados.

Una siempre deseada por las conexiones paralelas del submundo legislativo es la de la Biblioteca del Congreso. El titular de Diputados, Martín Menem, apunta a recuperar el envío -junto a su entorno- luego del traspié de días atrás, cuando se enteró que la Cámara alta se quedó con el control de la presidencia de la comisión administradora de la Dirección de Ayuda Social (DAS) para el Personal del Congreso. Es una de las áreas más sensibles por la inevitable conexión con el sindicalismo.

Niño por nacer

Anoche, el Congreso informó que “en conmemoración del Día del Niño por Nacer, que se celebra cada 25 de marzo con el objetivo principal de defender la vida humana del embrión en el vientre materno, los balcones de la fachada del Palacio Legislativo se iluminaron de color celeste”.

Según se comunicó, “el primer país que impulsó esta fecha el El Salvador, en 1993″. Y se agregó: “En la Argentina, fue adoptado en 1998 por el entonces presidente de la Nación Carlos Menem”.